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Vote informado: las políticas sociales en los programas de gobierno

22 Junio 2018

El escenario de contienda electoral que vive el país es sui generis respecto a la cantidad y calidad de debate público y sobre lo público; por primera vez existe la posibilidad de que un candidato no inscrito a los partidos tradicionales pueda llegar a la presidencia. Esta situación ha activado debates generando un panorama político-electoral con una alta cuota de opinión ciudadana. 

Por: Jorge Andrés Pinzón Rueda, docente Maestría en Planeación para el Desarrollo.

 

Elecciones 2018. Somos la generación del cambio, por un voto informado

 Por ello, en el marco de la campaña “Elecciones 2018. Somos la generación del cambio, por un voto informado” y del ejercicio de Cátedra Abierta[1], el docente Cesar Giraldo, Ph.D., lideró el análisis de las políticas sociales comprometidas en los programas de gobierno de las dos candidaturas en disputa para la segunda vuelta presidencial.

El docente advirtió que uno de los retos socioeconómicos más grandes del país es el de la informalidad laboral; paradójicamente, si apenas cerca del 10% se encuentra en condición de desempleo, más del 60% de la población económicamente activa realiza actividades económicas informales. Estas cifras suponen un problema fiscal para la tributación de parafiscales, al tiempo que reduce las potencialidades productivas de la fuerza de trabajo.

El panorama electoral ofrece dos concepciones distantes sobre cómo abordar dicha situación: de una parte, en el programa de Duque prima la mirada neoclásica de reducción de cargas a las empresas, bajo el supuesto que una mayor renta se traduce en mayor empleabilidad; de otra parte, la mirada de promoción de las economías populares, lo cual supone, no la eliminación del fenómeno de la informalidad (remplazado por la empleabilidad), sino la regulación de la informalidad y el aprovechamiento colectivo de estas economías insertándolas a las actividades productivas formales, prima en el programa de Petro.

A su vez, el problema de la informalidad y la tributación de parafiscales conduce a otros dos temas fundamentales de la política social: las dificultades del modelo de prestación de salud y la falta de cobertura pensional. Al respecto, las propuestas debaten el rol de los agentes relacionados con estos servicios sociales. En materia de salud hay una clara diferencia: si para Duque se debe mantener el sistema actual contributivo y subsidiado, buscando reducir los defectos existentes, para Petro es esencial transformar el sistema, mediante la eliminación de las EPS, la generación de un fondo único para el recaudo en salud y el fortalecimiento directo de las IPS.

En materia pensional, ambas propuestas se enmarcan en la lógica de pilares, es decir, una contribución obligada al fondo público cuando los ingresos son bajos y una contribución a privados (voluntaria según el contribuyente) cuando los ingresos son más altos. La diferencia, sin embargo, radica en el monto del primer pilar, mientras de una parte el primer pilar sería exclusivamente para los ingresos del salario mínimo o menor, en el segundo caso sería para ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. En la actualidad, el aporte público al saldo pensional es de aproximadamente 13 billones de pesos, por tanto, la discusión entre ambos modelos radica en la proporción de la captación de estos fondos, la capacidad de renta de los mismos y la sanidad fiscal de Colfondos.

Finalmente, el tema educativo cobra vigencia como pregunta abierta. Bajo el supuesto que la educación es garante del desarrollo social y cualifica potencialidades individuales y colectivas, dos concepciones se enfrentan: Duque, por una parte, defiende la educación para el trabajo como promotora de las potencialidades de especialización laboral y productiva del país y las regiones; por su parte, Petro defiende la socialización de la educación académica para la generación de ciudadanías incluyentes. La forma en que se defina este último debate incidirá en el pacto social que englobará el conjunto de elementos aquí expuestos.

Este escenario de diálogo, que pretende promover preguntas de grueso talante sobre los programas de gobierno en disputa, ofrece claves de análisis para el voto informado, pues uno de esos programas será elegido este 17 de junio en las urnas.

[1] Iniciativa que tiene como objetivo abrir espacios de cátedra en el que el público interesado podrá debatir y reflexionar sobre temas propios del campo de la planeación para el desarrollo.

 

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